Traducido por El Centro

Después de casi veinte años sin ejecuciones, Carolina del Norte se acerca a reinstaurar la pena capital con la aprobación del proyecto de ley HB 307, una nueva ley de justicia penal, en la Asamblea General de Carolina del Norte.

Promulgada el 3 de octubre, la llamada “Ley Iryna” elimina la fianza sin pago en ciertos casos, establece un nuevo protocolo de evaluación de salud mental y restringe las condiciones de liberación preventiva para los acusados de delitos violentos. Sin embargo, también incluye una enmienda propuesta por el líder del Senado, Phil Berger, que ordena al estado encontrar otro método de ejecución si la inyección letal —actualmente el método oficial— es declarada inconstitucional o no está disponible. Esto podría implicar adoptar métodos usados en otros estados, como el pelotón de fusilamiento.

Las ejecuciones están suspendidas en Carolina del Norte desde 2006 debido a disputas legales sobre el uso de la inyección letal y al sesgo racial en las sentencias de muerte, explicó Matthew Robinson, profesor del Departamento de Gobierno y Estudios de Justicia en la Universidad Estatal de los Apalaches. Robinson señaló que esta enmienda busca abrir la puerta para reanudar la pena capital por medios alternativos.

“Estos son legisladores que quieren que las ejecuciones regresen al estado y están tomando medidas legales para hacerlo,” dijo Robinson. “Por ejemplo, reemplazar la inyección letal por métodos como el pelotón de fusilamiento o la electrocución evitaría la participación de médicos, eliminando así uno de los principales obstáculos.”

Robinson, quien lleva décadas investigando la pena de muerte y ha presentado informes al Congreso estatal, explicó que la ley podría afectar a las 122 personas que actualmente están en el corredor de la muerte en Carolina del Norte. Según él, podrían fijarse fechas de ejecución para cualquiera de ellas a raíz de la nueva legislación.

La ley lleva el nombre de Iryna Zarutska, una mujer asesinada en un tren ligero de Charlotte, un crimen captado en video que generó indignación nacional. Robinson comentó que el regreso de la pena de muerte era previsible, pero el caso de Zarutska aceleró el proceso.

“Cuanto más violento o impactante es un crimen, más cobertura mediática recibe, y eso genera apoyo público para tomar medidas drásticas,” explicó Robinson. “Los legisladores están aprovechando esta tragedia para impulsar algo que han querido reinstaurar desde hace tiempo.”

El asesinato de Zarutska se suma a una serie de homicidios de alto perfil, incluyendo un tiroteo masivo en Southport, Carolina del Norte, que dejó tres muertos. A raíz de estos crímenes y de un reciente aumento de homicidios, el sindicato de policías de Charlotte envió una carta a las autoridades locales pidiendo ayuda federal de la Guardia Nacional. Sin embargo, las estadísticas policiales mostraban que los delitos violentos habían disminuido un 25% en la primera mitad del año antes de estos incidentes.

Una historia marcada por la pena de muerte

Carolina del Norte tiene una larga y turbulenta historia con la pena capital que se remonta al siglo XVIII. Hasta la década de 1970, era uno de los estados con mayor número de ejecuciones, según el Death Penalty Information Center, una organización sin fines de lucro que recopila datos y análisis sobre la pena de muerte. Entre 1608 y 1972, el estado ejecutó a 784 personas, ocupando el quinto lugar a nivel nacional. Desde 1976, sin embargo, solo se han llevado a cabo 43 ejecuciones.

Según el historiador Seth Kotch, la reducción y eventual suspensión de las ejecuciones se debió principalmente a disputas legales relacionadas con el racismo sistémico, incluyendo condenas erróneas y la exclusión de personas afroamericanas en los jurados de casos capitales.

“Sabemos que la pena de muerte afectaba de manera desproporcionada a personas sin educación, con enfermedades mentales o cuyos crímenes involucraban víctimas blancas,” dijo Kotch. “Eso generó años de litigios, apelaciones y, trágicamente, descubrimientos tardíos de inocentes ejecutados por crímenes que no cometieron.”

Robinson añadió que diversos estudios académicos también cambiaron la opinión pública al demostrar el alto costo económico de la pena de muerte. Un estudio de 2009, realizado por el economista Philip Cook de la Universidad de Duke, concluyó que Carolina del Norte podría ahorrar 11 millones de dólares al año si aboliera la pena capital.

Kotch afirmó que la muerte de Zarutska está reavivando viejas actitudes en el estado.

“Hemos visto una cobertura mediática intensa sobre esta tragedia en Charlotte, que parece haber inspirado el regreso a un sistema penal más antiguo, severo y brutal,” dijo.

Un futuro incierto

La “Ley Iryna” provocó fuertes divisiones en la Asamblea General durante su debate. La Cámara de Representantes aprobó el proyecto con 81 votos a favor y 31 en contra, con el apoyo de 17 demócratas, mientras que en el Senado ningún demócrata votó a favor. La representante demócrata Pricey Harrison votó en contra, criticando la enmienda que permitiría métodos alternativos de ejecución durante la sesión del 23 de septiembre.

“Las ejecuciones por electrocución son aún más horribles. Dejamos de usarlas hace mucho porque son inhumanas: literalmente cocinan al prisionero hasta la muerte,” dijo Harrison. “No sé si queremos que eso vuelva a hacerse en nombre del pueblo de Carolina del Norte. Mi voto es no.”

El gobernador Josh Stein firmó la ley, pero calificó los aspectos relacionados con la pena de muerte como “bárbaros” en un video publicado el 3 de octubre.

“No habrá pelotones de fusilamiento en Carolina del Norte durante mi mandato,” afirmó Stein en el video publicado. 

Robinson recordó que la pena de muerte siempre ha sido un tema partidista, apoyado principalmente por republicanos conservadores y rechazado por demócratas liberales.

A pesar de la posibilidad de que las ejecuciones se reanuden bajo la “Ley Iryna”, Robinson considera que la situación seguirá siendo incierta debido a los obstáculos legales. Espera que eventualmente se reemplace la pena capital por la cadena perpetua sin libertad condicional, argumentando que la pena de muerte no logra reducir el crimen ni ofrecer verdadera justicia a las víctimas.

“El costo de la pena de muerte supera con creces sus beneficios, tanto en términos económicos como por el sesgo racial y el riesgo de ejecutar inocentes,” señaló Robinson. “Desde cualquier evaluación de política pública, es una política fracasada.”

Kotch añadió que si la nueva ley efectivamente marca el regreso de las ejecuciones, la sociedad enfrentará una dura prueba moral.

“Tendremos una oportunidad sombría para ver si realmente apoyamos la pena capital tanto como afirmamos, porque habrá mucha muerte,” repitió Kotch.

El historiador concluyó que incluso si regresa la pena de muerte, no ofrecerá una solución duradera.

“Si este es el comienzo de un nuevo auge de la pena de muerte, lo siguiente será su declive. Pero eso no resuelve nada —solo refleja una respuesta impulsiva y nos acerca a un gobierno más reaccionario, uno demasiado vinculado a la muerte para mi gusto,” dijo.